
Edgar Osejo / Esteban Aguilar / Mirian Hernández / Lía Witt
© 2026, Fundación Internacional para la Educación la Ciencia y la Tecnología, “FIECYT”
ISSN 3103-1129
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- Fortalecer la integridad administrativa, mediante interoperabilidad y control
posterior.
- Impulsar la transformación digital, alineando la gestión pública con la Política de
Transformación Digital 2022–2025 (Gobierno del Ecuador, 2022).
La rectoría de la simplificación y del gobierno digital corresponde al Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), que emite normas técnicas
y opera la plataforma Gob.ec como Ventanilla Única Digital y Registro Único de Trámites.
Esta arquitectura busca garantizar servicios más simples, trazables y accesibles, evitando
duplicidades y transparentando información clave para el ciudadano (MINTEL, 2022).
Sin embargo, entre la norma y la práctica persiste una brecha. La adopción homogénea
de principios como digitalización integral, interoperabilidad, datos abiertos, participación
ciudadana y rendición de cuentas sigue siendo desigual, afectando la confianza pública y la
efectividad de la simplificación (CEAS, 2019; LegalEcuador, 2018). El reto es convertir la
promesa de la ley en mejoras tangibles para las personas.
El objetivo general se presenta al Determinar el grado de cumplimiento de la LOOETA
en las entidades públicas ecuatorianas, describiendo su evolución e implementación,
identificando fortalezas y brechas, y proponiendo oportunidades de optimización. Frente a
ello, este estudio plantea la siguiente pregunta: ¿En qué medida las entidades públicas han
cumplido con la implementación de la LOOETA como herramienta para mejorar la eficiencia
y simplificación de trámites? Para responderla, se diseñó un estudio descriptivo que se detalla
en la sección Metodología.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se desarrolló con un enfoque descriptivo y no experimental, adecuado para
evaluar el grado de cumplimiento normativo sin manipular variables (Carmines & Zeller,
1979). La población corresponde a todas las entidades de la función ejecutiva, que sumaban
123 en 2019 y se redujeron a 111 tras la reorganización de 2020 (Secretaría Nacional de la
Administración Pública, 2019; Presidencia de la República del Ecuador, 2020). La muestra
intencional incluyó 45 entidades públicas de distintos sectores —social, productivo,
financiero, salud, educación, defensa y gobierno— que cuentan con áreas estratégicas
responsables de planificación y procesos, como Coordinaciones Generales de Gestión
Estratégica y Direcciones de Procesos. Esta selección se justifica porque son las unidades
directamente responsables de implementar la simplificación de trámites y el gobierno digital.
La información se recopiló mediante revisión documental, sesiones de verificación con
responsables de las áreas estratégicas y consulta a portales institucionales (p. ej., Gob.ec) y
normativa interna. Cada ítem se registró en formato binario (sí/no) por entidad, generando
datos cuantificables para análisis descriptivo. Para reducir sesgos, se capacitó a los
observadores y se aplicó revisión cruzada, lo que aporta evidencia de confiabilidad (Haynes
et al., 1995). Si bien no se calculó alfa de Cronbach, esta decisión se fundamenta en que los
ítems son criterios normativos independientes, no indicadores de un constructo
unidimensional (Carmines & Zeller, 1979).
Para evaluar el cumplimiento de la LOOETA, se diseñó y aplicó una ficha de
observación tipo checklist en 45 entidades públicas. El instrumento estuvo compuesto por 47
ítems binarios (Sí/No), organizados en cuatro dimensiones y doce subdimensiones derivadas
directamente de la normativa. Esta estructura se complementó con estándares internacionales
como ISO 9241‑11, que define la usabilidad en términos de efectividad, eficiencia y
satisfacción, y con el modelo e‑GovQual, orientado a medir la calidad de los servicios
electrónicos (Papadomichelaki & Mentzas, 2012).