ISSN 3103-1129
Septiembre, 2026
Edición Especial. Vol. 4, No. 8, 1-10
https://doi.org/10.53877/smtew119
KIRIA, 4(8), 2026 Revista Científica Multidisciplinaria
https://revistasfiecyt.com/index.php/kiria
Análisis procedimental sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes
Procedural analysis regarding the rights of children and adolescents
Gema Cristina Saldarriaga Delgado
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador.
gemacristina2010@gmail.com
https://orcid.org/0009-0007-1937-3244
Angela Romelia Aldaz Quiroz
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador.
angeladaz@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0008-3641-8376
Fecha de recepción: 24 de julio de 2026
Fecha de aceptación: 06 de agosto de 2026
Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026
Como citar: Saldarriaga Delgado, G. C. y Aldaz Quiroz, A. R. (2026). Análisis procedimental sobre los derechos de
niños, niñas y adolescentes. KIRIA: Revista Científica Multidisciplinaria. 4(8), pp. 1-10.
https://doi.org/10.53877/smtew119
RESUMEN
El presente artículo analiza el procedimiento legal relativo al derecho de alimentos de los
niños, niñas y adolescentes en Ecuador, a partir del estudio del marco jurídico nacional e
internacional que garantiza su protección integral. Asimismo, examina los principales
desafíos y dificultades que obstaculizan el acceso efectivo al ejercicio de este derecho
fundamental en vía administrativa y judicial, con el propósito de identificar las limitaciones
existentes en su aplicación y tutela. La metodología que se aplicada para esta investigación
enfoque cualitativo, exploratorio y comparativo los mismos que permitirán conocer acerca la
realidad procesal del derecho de alimentos. A su vez, se evalúan las problemáticas actuales,
como demoras procesales, desigualdades regionales y barreras culturales, las cuales dificultan
el cumplimiento efectivo de las resoluciones alimentarias. Además, se abordan las
limitaciones tecnológicas del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) y su impacto
en la transparencia y eficiencia del sistema. Determinando; así que, el articulo logra concluir
que es importante el rol de cada miembro de la familia, las dinámicas culturales y la
importancia de la sensibilización comunitaria, para de tal manera promover el cumplimiento
de las obligaciones alimenticias. Por otro lado, en cuanto al ámbito económico, se evalúa la
sostenibilidad financiera de las pensiones alimenticias y se proponen mecanismos
innovadores.
PALABRAS CLAVE: derechos alimenticios, interés superior del niño, celeridad
procesal, protección jurídica, responsabilidad parental.
ABSTRACT
This article analyzes the legal procedure regarding the right to child support for children and
adolescents in Ecuador, based on a study of the national and international legal frameworks
that guarantee their comprehensive protection. It also examines the main challenges and
difficulties hindering effective access to the exercise of this fundamental right through both
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administrative and judicial channels, aiming to identify existing limitations in its application
and enforcement. The research employs a qualitative, exploratory, and comparative
methodology to gain insight into the procedural reality of child support rights. Furthermore,
it evaluates current issues—such as procedural delays, regional inequalities, and cultural
barriers—that impede the effective enforcement of child support rulings. It also addresses the
technological limitations of the Unified Child Support System (SUPA) and their impact on the
system's transparency and efficiency. Ultimately, the article concludes that the roles of
individual family members, cultural dynamics, and community awareness-raising are crucial
for promoting compliance with child support obligations. Finally, regarding the economic
aspect, the financial sustainability of child support payments is assessed, and innovative
mechanisms are proposed.
KEYWORDS: food rights, best interests of the child, procedural speed, legal
protection, parental responsability.
INTRODUCCIÓN
El derecho de alimentos para niños, niñas y adolescentes es una institución fundamental en el
sistema jurídico, esto debido a que, asegura el acceso a los recursos necesarios para su
desarrollo integral, donde se incluye la alimentación, educación, salud y vivienda. En
Ecuador, la protección de este derecho se ha fortalecido a lo largo de las últimas décadas,
principalmente con la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año del 2003, el
cual, responde al mandato constitucional de protección prioritaria de los menores. Dicho
código consolida el interés superior del menor como principio rector de los procedimientos
de alimentos, siendo una obligación derivada de la Constitución del 2008, de tal manera que
posiciona a los niños, niñas y adolescentes como sujetos prioritarios de atención estatal.
Sin embargo, a pesar de estos avances, los procedimientos de alimentos enfrentan
diversos retos que dificultan su eficacia. Uno de los principales desafíos radica en el tiempo o
la demora judicial, impactando negativamente en la capacidad de los menores para recibir los
recursos que necesitan de manera oportuna. El estudio de Intriago García (2016) destaca que,
aunque el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) establece ¨el procedimiento
sumario como una vía para agilizar estos casos¨, en cuanto a la práctica aún existen
complicaciones o trabas que afectan la celeridad y eficacia del proceso. Es por ello por lo que,
la falta de complimiento oportuno y adecuado puede vulnerar los derechos del menor,
limitando su acceso a una vida digna, y a su vez, afectando su desarrollo.
En cuanto al ámbito internacional, instrumentos como la Convención sobre los
Derechos del Niño de la ONU, obligan a los Estados a implementar marcos legales y
administrativos adecuados, para así, asegurar que los derechos de los menores sean
garantizados sin demoras indebidas. Por otro lado, en Ecuador, la Defensoría Pública y el
Consejo de la Judicatura han establecido protocolos como el Sistema Único de Pensiones
Alimenticias (denominado con sus siglas SUPA), el cual busca mejorar la transparencia en el
cálculo, la recaudación y la distribución de pensiones, aunque se evidencian limitaciones en
su implementación efectiva, debido a problemas operativos y de infraestructura tecnológica.
Debido a ello, este artículo abordará la situación actual de los procedimientos de
alimentos en el país, de tal manera que se destaque las fortalezas y limitaciones del marco
procesal existente, y a su vez, se proponen reformas orientadas a mejorar la eficiencia y
efectividad de los procedimientos de alimentos. Con este enfoque, se busca asegurar que el
interés superior del niño, (un principio consagrado tanto en la normativa nacional como en
los tratados internacionales), se refleje en una administración de justicia ágil, para así,
garantizar el acceso efectivo a los derechos de alimentos y el bienestar de los menores.
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Por consiguiente, el objetivo principal es analizar el procedimiento legal relacionado con los
derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de comprender el marco
normativo procesal, los mecanismos judiciales y las implicaciones para la protección de sus
derechos de alimentos. Del cual se desprende los siguientes objetivos específicos como
analizar la normativa jurídica nacional e internacional aplicable a los derechos de alimentos
de niños, niñas y adolescentes, para establecer marco conceptual solido sobre sus garantías
legales, describir los procedimientos judiciales y administrativos involucrados desde la
demanda hasta la resolución de pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes e
identificar y analizar los principales desafíos y complicaciones que limitan el acceso de los
niños, niñas y adolescentes a sus derechos de alimentos.
Es así que, de la información generalizada para poder conocer la información que se
proporcionara dentro de los resultados y la discusión, además de que se visualizara la
recolección de información como parte de la metodología. Se buscar abordar de manera
interdisciplinaria los derechos de alimentos de niños, niñas y adolescentes en Ecuador,
explorando los aspectos legales, sociales, económicos y culturales que subyacen a esta garantía
fundamental. La base de este análisis radica en la normativa nacional e internacional, junto
con estudios académicos y experiencias comparativas, permitiendo una comprensión integral
de los retos y solución en torno al tema.
Aspectos Legales
En el ámbito legal, el derecho de alimentos para niños, niñas y adolescentes está consagrado
en instrumentos normativos nacionales como la Constitución de la República del Ecuador
(2008), que establece en su artículo 4 ¨el deber que tiene el Estado, la sociedad y la familia de
promover y garantizar el desarrollo integral de los mismos¨.
Así mismo, el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) ¨regula las obligaciones
alimenticias, estableciendo que el cumplimiento de estas es indispensable para garantizar el
desarrollo físico, mental y emocional de los menores¨. Dicho marco normativo se
complementa con el COGEP (2015), el cual introduce ¨el procedimiento sumario para agilizar
la resolución de los conflictos relacionados con los alimentos¨.
En cuanto al ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989),
establece ¨el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado, y obliga a los Estados a
garantizar que los padres cumplan con sus responsabilidades¨. A su vez, este medio destaca
el principio del interés superior del niño, que debe guiar todas las decisiones judiciales y
administrativas que los afecten. De acuerdo con Zermatten (2003), ¨este principio no solo tiene
un carácter jurídico, sino ético y social¨, de tal manera que sitúa a los niños como sujetos
prioritarios de derechos.
Sin embargo, a pesar de los avances normativos, el cumplimiento efectivo de estos
derechos enfrenta ciertos retos que son importantes a considerar. Por ello, dentro de los
estudios de Intriago García (2016) y Juma Viteri y Fajardo Romero (2024), se evidencia que
¨aunque el SUPA ha mejorado la gestión de los pagos, aún continúan existiendo problemas
relacionados con la celeridad procesal y la capacidad de los operadores judiciales para
garantizar el cumplimiento de las resoluciones¨.
Dimensión Social
Desde una perspectiva mucho más social, el derecho de alimentos está directamente
relacionado al bienestar y desarrollo integral de los niños y adolescentes. Albán (2006)
manifiesta que ¨la falta de acceso a recursos básicos como alimentación, educación y salud
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perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social¨, de tal manera que afecta negativamente el
futuro de los menores y de la sociedad en su conjunto.
La participación de actores sociales como la Defensoría Púbica y las organizaciones no
gubernamentales ha sido fundamental para promover el conocimientos y ejercicio de estos
derechos. Además, ¨las campañas de sensibilización, dirigidas tanto a los padres como a la
comunidad de manera general, han demostrado aumentar la conciencia sobre la importancia
del cumplimiento de las obligaciones alimenticias¨ (Bossert y Zannoni, 2007).
Finalmente, un aspecto importante en esta dimensión es la estabilidad emocional de
los niños, niñas y adolescentes. Es por ello por lo que, estudios como el de Courtis (2009)
destacan que ¨el incumplimiento de las pensiones alimenticias genera estrés y ansiedad en los
niños¨, de tal manera que ¨trae consigo consecuencias negativas en su rendimiento académico
y en sus relaciones interpersonales¨. Por esto, garantizar el cumplimiento de estas obligaciones
no solo es un imperativo legal, sino que también es una medida para salvaguardar el bienestar
psicosocial de los menores de edad.
Perspectiva Económica
El análisis económico del derecho de alientos pone de manifiesto la importancia de asegurar
la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones alimenticias. Gonzales (2023) destaca
que ¨estas pensiones no solo representan una transferencia de recursos, sino también una
herramienta para promover la equidad y reducir las brechas de desigualdad social¨.
En Ecuador, las reformas recientes han buscado fortalecer los mecanismos de
cumplimiento, como es la imposición de sanciones más severas para los deudores, donde se
incluyen restricciones legales y la inclusión en registros de ¨morosos¨. Sin embargo, los
estudios comparativos muestran que estas medidas deben complementarse con incentivos
positivos, como beneficios fiscales para los obligados que cumplan regularmente sus pagos.
A su vez, la incorporación de tecnologías digitales ha sido una estrategia clave para
mejorar la eficiencia en la gestión de las pensiones. Es decir, plataformas como el SUPA han
permitido un seguimiento mucho más efectivo de los pagos, aunque todavía se mantienen
ciertas limitaciones.
Dimensión Cultural
En cuanto al enfoque cultural, este permite entender los obstáculos que dificulta la aplicación
de los derechos de alimentos. Por ello, Guaricela Paredes y Navarro Roble (2011) identifican
que ¨en ciertas regiones del Ecuador persisten normas culturales que minimizan la
importancia de las pensiones alimenticias¨, de tal manera que las consideran ¨únicamente
opcional, o incluso más como un tema secundario dentro de la dinámica familia¨.
Retos y Propuestas
A pesar de los avances, tanto de tipo normativo como administrativo, aún continúan
existiendo retos que limitan la eficiencia del sistema de alimentos. Entre estos retos se pueden
encontrar: en algunos juicios demoras procesales, desigualdades regionales y falta de
capacitación. Sin embargo, también se pueden optar por medidas que permitan abordar
dichos retos, tales como podrían ser: Modernización tecnológica para el acceso de titulares de
derecho de alimentos, capacitación de operadores judiciales, campañas educativas y fondo de
garantía alimenticia.
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A partir del marco teórico propuesto, se logra visualizar la complejidad del derecho de
alimentos en Ecuador, para así lograr destacar la necesidad de un enfoque mucho más integral
que combine aspectos legales, sociales, económicos y culturales, lo cual puede realizarse a
través de una visión holística, de tal manera que, logre garantizar el cumplimiento efectivo de
este derecho que es fundamental, promoviendo así el desarrollo y bienestar integral de los
niños, niñas y adolescentes.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada para el presente artículo científico está basada en un enfoque
cualitativo, exploratorio y comparativo, el cual permite analizar de manera integral los
aspectos legales, sociales, económicos y culturales relacionados con el derecho de alimentos
en niños, niñas y adolescentes. Este enfoque multidimensional resulta apto para identificar
los desafíos existentes, para a partir de ello proponer soluciones fundamentales en evidencia
empírica y teórica. (Background, 2024)
A partir de ello, esta metodología se basó en ideas claves para obtener recolección de
información y plantear resultados a partir de una discusión rigurosa de la obtención de dicha
recopilación de datos. El diseño metodológico responde a un modelo interdisciplinario,
estructurado en diferentes fases. Es decir, la selección de fuentes tanto primarias como
secundarias fue realizada bajo criterio de rigor académico, de relevancia y de pertenencia.
Así como de la recolección de datos se consideraron los textos legales. Lo que quiere
decir que se revisaron marcos normativos nacionales como la Constitución de la República
(2008), el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003) y el Código Orgánico General de
Procesos (2015), el cual se complementó con la evaluación de instrumentos internacionales
como la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y las resoluciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, se tomaron en cuenta los aspectos con
relación a la jurisprudencia, de tal manera que, se analizó sentencias relevantes emitidas por
tribunales ecuatorianos, destacando así casos que enfatizan la aplicación del interés superior
del niño.
Además, se realizó una revisión bibliográfica, el cual incluyó estudios académicos de
autores destacados como Zermatten (2003), Albán (2006) e Intriago García (2016), quienes
realizaron una exploración amplia con respecto a los temas de celeridad procesal, el
cumplimiento de resoluciones y las barreras culturales en la aplicación de las pensiones
alimenticias.
A su vez, se incorporaron informes de organismos internacionales como el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los cuales aportan una perspectiva global
sobre la protección de los derechos alimenticios. Y, por último, se consideraron los estudios
de casos a nivel internacional, seleccionando experiencias de países como Colombia, Perú y
Argentina, donde se han implementado iniciativas con éxito como juzgados especializados,
plataformas tecnológicas para el seguimiento de pagos e incluso sanciones más estrictas para
los deudores. Teniendo como finalidad contrastar estos casos con el contexto ecuatoriano,
para así evaluar su aplicabilidad y su viabilidad dentro del país.
Acorde al análisis crítico cada fuente documental fue evaluada para identificar
patrones, inconsistencias y vacíos normativos que pudieran afectar el cumplimiento de los
derechos alimenticios dentro del Ecuador. Por ende, este análisis incluyó una revisión de
datos estadísticos provenientes del SUPA, así como algunos otros reportes administrativos.
Por lo que, dentro de la metodología cualitativa se hizo uso de un análisis comparativo para
poder identificar buenas prácticas en otros países. Por ejemplo, se evaluó la implementación
de aplicaciones móviles en Colombia para el monitoreo de pagos y el impacto de campañas
de sensibilización en Argentina.
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Es importante considerar que los hallazgos de las diferentes etapas de recolección se
integraron a través de un proceso de triangulación, para así poder asegurar la validez y la
consistencia de las conclusiones. Por lo que, Se realizó el uso de programas especializados, los
cuales facilitaron la organización y el análisis de información textual y cuantitativa. Y a pesar
de que no se realizar entrevistas de manera directa, se tomaron en consideración testimonios
documentados en estudios previos, los cuales aportaron información valiosa sobre las
percepciones de operadores judiciales.
Una vez realizada la recopilación de información, se procede con una evaluación de
impacto de las políticas y programas existentes en la calidad de vida de los menores
beneficiarios. Dentro de este se incluyó la efectividad de las resoluciones judiciales, la
satisfacción de beneficiarios y las barreras culturales. A pesar de la amplitud que se logra
evidenciar, el estudio enfrenta ciertas limitaciones como es la falta de datos actuales y el acceso
a la información primaria.
En cuanto a la metodología, se ofrece una base para el análisis de los derechos de
alimentos, de tal manera que permite integrar diversas perspectivas para garantizar un
abordaje integral. A su vez, este enfoque no solo identifica desafíos del sistema actual, sino
que también permite proponer recomendaciones fundamentadas y orientadas a la acción,
para así fortalecer la protección de los derechos alimenticios de niños, niñas y adolescentes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos a partir del análisis realizado destacan varios aspectos importantes
y claves a considerar, los cuales están relacionados con los derechos de alimentos en niños,
niñas y adolescentes en Ecuador, tanto en su aplicación legal como en su impacto social,
económico y cultural. Es por ello por lo que se detallarán los hallazgos principales que se
lograron encontrar durante todo el proceso de análisis, y a su vez, se discutirán sus
implicaciones en un contexto un poco más amplio.
En primera instancia, en cuanto a los resultados legales en el ámbito normativo, el
Ecuador ofrece una base sólida para la protección de los derechos alimenticios. A través de
instrumentos como la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y
el COGEP, se puede visualizar como se establecen directrices claras que priorizan el interés
superior del niño. Sin embargo, se identificaron varias limitaciones en la implementación de
estas normativas.
Por ejemplo, el SUPA, aunque es eficiente en la gestión de pagos, enfrenta problemas
de infraestructura tecnológica, así mismo como de carencia de mecanismos coercitivos
suficientemente efectivos. Estos problemas ¨limitan la capacidad del sistema para garantizar
el cumplimiento de las obligaciones alimenticias¨, tal como lo proponen Intriago García (2016)
y Juma Viteri, Fajardo Romero (2024). Es por ello por lo que la necesidad de una
modernización tecnológica y un sistema mucho más inclusivo para facilitar el acceso a las
herramientas administrativas es un desafío bastante común y recurrente.
Además, el análisis jurisprudencial evidenció inconsistencias en la interpretación y
aplicación de las leyes. Aunque el principio de celeridad procesal está claramente establecido
en el COGEP, los datos muestran que los procedimientos alimenticios pueden extenderse
considerablemente, esto debido a la carga laboral de los tribunales y a la falta de capacitación
específica de algunos operadores judiciales. Por otro lado, la inexistencia de protocolos
uniformes para la resolución de conflictos alimenticios genera desigualdad en los resultados
judiciales.
Un aspecto importante a considerar que ha sido identificado fue el enfoque limitado
en la capacitación de jueces y abogados para tratar los casos de alimentos bajo la perspectiva
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del interés superior del niño. Por ello, las decisiones judiciales a menudo reflejan un
conocimiento insuficiente sobre las dinámicas familiares, lo que puede comprometer la
eficacia de las resoluciones.
Otro aspecto importante a considerar es el impacto social, ya que, desde esta
perspectiva, los derechos alimenticios tienen un impacto directo en el bienestar de los niños,
niñas y adolescentes. De acuerdo con lo que señala Albán (2006) ¨el acceso adecuado a
pensiones alimenticias influye en su desarrollo físico, emocional y cognitivo¨. Sin embargo, la
influencia de estos factores culturales y el desconocimiento de los derechos por parte de las
familias, continúa siendo una barrera bastante significativa y latente.
A su vez, un hallazgo clave fue la percepción generalizada entre los beneficiarios sobre
la falta de transparencia en la gestión de las pensiones. A partir de esto se sugiera la necesidad
de mejorar los canales de comunicación y educación para los usuarios del SUPA, así como
realizar la implementación de estrategias que fomenten una mayor responsabilidad por parte
de los obligados a pagar. Además, se observó que el SUPA, aunque ha reducido la
discrecionalidad en la asignación de pensiones, no cuenta con suficientes recursos para
monitoreos de manera efectiva en cuanto al cumplimiento de los pagos.
Por otro lado, la importancia del entorno familiar en el cumplimiento de los derechos
alimenticios también es relevante, esto debido a que, las investigaciones muestran que los
menores que provienen de hogares con dinámicas familiares estables tienen mayores
posibilidades de recibir pensiones regulares y adecuadas, lo que destaca la necesidad y la
importancia de programas de mediación y fortalecimiento familiar. Así mismo como el uso
de recursos, ya sean talleres comunitarios y actividades escolares, que promuevan la
corresponsabilidad, permitiría desempeñar un papel crucial en el cambio de estas dinámicas
(Congreso de la Nación Argentina., 2014).
También es importante considerar el análisis económico, debido a que, de acuerdo con
Gonzales (2023), destaca ¨la importancia de garantizar la sostenibilidad financiera de los
sistemas de pensiones alimenticias¨. Con ello, los datos recopilados muestran que las demoras
en los pagos afectan negativamente a los hogares más vulnerables, de tal manera que perpetúa
ciclos de pobreza. Por ende, la implementación de sanciones más severas, como la inclusión
en registros de deudores, y el uso de herramientas tecnológicas para automatizar los pagos,
han mostrado resultados mucho más prometedores en otros países, los cuales podrían ser
adaptados al contexto ecuatoriano.
Además, los análisis económicos revelaron la necesidad de fortalecer los mecanismos
de recaudación y distribución. Por ejemplo, se propuso la creación de un fondo de garantía
alimenticia que permita cubrir temporalmente las necesidades de los menores en casos de
incumplimiento. Este tipo de iniciativas, que ya han sido implementadas en otros países, como
en Colombia, podrían reducir el impacto de los retrasos en los pagos. A su vez, sería relevante
la necesidad de diseñar incentivos fiscales para los obligados que promuevan el cumplimiento
voluntario de las pensiones alimenticias.
Por consiguiente, otro aspecto que es importante de considerar son las barreras
culturales y educativas, ya que, a partir de ello, el análisis cultural reveló que las actitudes
negativas hacia el cumplimiento de las pensiones alimenticias y el desconocimiento
generalizado de las obligaciones legales son factores determinantes que obstaculizan el acceso
efectivo de los niños, niñas y adolescentes a sus derechos. Paredes y Navarro Robles (2011)
resaltan ¨la necesidad de campañas educativas y de sensibilización dirigidas tanto a los padres
como a las comunidades¨.
Por otro lado, se identificó que las normas culturales en ciertas regiones perpetúan la
creencia de que las pensiones alimenticias son netamente opcionales, lo que afecta a los niños,
niñas y adolescentes beneficiarios.
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Por esta razón, las estrategias educativas, como las implementadas en Argentina, han
demostrado ser efectivas para reducir dichas barreras, de tal manera que podrían ser una
opción para aplicar dentro del Ecuador. Adicionalmente, se resalta la importancia de
involucrar líderes comunitarios y religiosos en estas campañas, para aumentar su alcance, y,
por ende, su impacto.
El desarrollo de contenidos educativos específicos, como manuales y materiales
didácticos adaptados a las comunidades tanto rurales como urbanas, podría ser una
herramienta eficaz para poder mejorar el conocimiento de los derechos alimenticios, así como
sus implicaciones legales.
La discusión de estos resultados permite identificar un marco de acción integral para
mejorar la protección de los derechos alimenticios. En primer lugar, es crucial fortalecer los
sistemas legales y administrativos, garantizando la celeridad procesal y tecnológicas del
SUPA. Además, la creación de juzgados especializados podría ser una medida efectiva para
reducir la carga laboral en los tribunales, de tal manera que permita acelerar los
procedimientos.
En segunda instancia, las estrategias educativas y de sensibilización deben ser
prioritarias. La educación de los obligados al pago, integrada con campañas dirigidas a las
comunidades, podría transformar las actitudes culturales y fomentar una mayor
responsabilidad hacia el cumplimiento de las obligaciones alimenticias. En este aspecto, la
integración de programas educativos en las escuelas sobre los derechos de los niños podría
generar un cambio en la percepción de las obligaciones alimenticias.
En tercer lugar, las medidas económicas deben enfocarse en garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema, lo cual incluye no solo la implementación de sanciones
efectivas, sino también la creación de incentivos para los obligados a cumplir con sus pagos.
Además, la propuesta de un sistema de monitoreo en tiempo real, apoyado en tecnologías
móviles, podría mejorar la transparencia y efectividad de la recaudación.
Finalmente, se sugiere la necesidad de integrar enfoques culturales más inclusivos que
aborden las barreras estructurales en comunidades específicas. Esto incluye no solo la
sensibilización a nivel local, sino también la promoción de un cambio de paradigma en las
instituciones judiciales y administrativas, las cuales están encargadas de gestionar los
derechos alimenticios.
CONCLUSIONES
El análisis sobre los derechos alimenticios de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, revela
la necesidad de fortalecer los mecanismos legales, sociales, económicos y culturales que
garantizan su cumplimiento. A pesar de contar con un marco normativo sólido que prioriza
el interés superior del niño, existen limitaciones en su implementación, como suelen ser las
demoras judiciales, las desigualdades regionales y los problemas tecnológicos en cuanto al
SUPA.
Y es por eso que, dentro de los objetivos planteados en esta investigación se determinó
que la normativa jurídica nacional e internacional aplicable a los derechos de alimentos de
niños, niñas y adolescentes, cumple con los requisitos garantista, sin embargo, es necesario
fortalecer los mecanismos jurídicos y procesales destinados a asegurar el cumplimiento
oportuno de las pensiones alimenticias y así mismo, promover una actuación articulada entre
las instituciones encargadas como el MIES o la Junta Cantonal de garantizar los derechos de
la niñez y adolescencia, conociendo la realidad socioeconómica de las familias, las necesidades
particulares de los beneficiarios y la corresponsabilidad de los progenitores, evitando que
factores económicos, sociales o procedimentales constituyan obstáculos para el ejercicio
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efectivo de este derecho. Por lo que, los procesos judiciales y administrativos involucrados
desde la demanda hasta la resolución de pensión de alimentos para niños, niñas y
adolescentes, deben de adoptar estrategias jurídicas, institucionales y sociales articuladas
contribuiría no solo a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los niños, niñas
y adolescentes y aportar al desarrollo integral, educación, salud, bienestar emocional y
adecuada integración social de los niños, niñas y adolescentes.
Por consiguiente, se concluye que si existen desafíos y complicaciones que limitan el
acceso de los niños, niñas y adolescentes a sus derechos de alimentos. Estas dificultades
impactan en el acceso adecuado a recursos esenciales para el desarrollo integral de los
menores. Desde una perspectiva social, se evidencia que el incumplimiento de las pensiones
alimenticias mantiene ciclos de pobreza, de tal manera que también afecta el bienestar
emocional y académico de los niños. A su vez, las creencias culturales, minimizan la
importancia de dichas obligaciones, enfatizando en la necesidad de campañas educativas y de
sensibilización comunitaria.
Por ello, es importante considerar un enfoque integral que combine reformas legales
orientadas a la celeridad procesal, la modernización tecnológica y a medidas educativas que
promuevan un cambio cultural, para de esta manera lograr superar las dificultades
presentadas. Además, para mejorar la sostenibilidad y transparencia del sistema, se podría
optar por la implementación de incentivos económicos y herramientas de monitoreo digital.
A través de este enfoque multidimensional, se podría garantizar el acceso eficiente a
los derechos alimenticios, promoviendo el desarrollo y bienestar de los niños, niñas y
adolescentes del Ecuador. De esta forma, no se limita la exigibilidad y la responsabilidad de
alimentaria. Empero, se concluyó que este análisis de procedimiento legal acerca de los
derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran determinado, en la
normativa nacional como en los Convenios y Tratados Internacionales que ha ratificado el
Estado ecuatoriano, y que este debe encontrarse en constante dinamismo dado los tiempos y
la innovación tecnológica que permita de forma positiva ser un mecanismo oportuno para la
protección de derechos de alimentos.
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