ISSN 3103-1129
Marzo, 2025
Vol. 3, No. 5, 50-61
https://doi.org/10.53877/md6dmq93
KIRIA, 3(5), 2025 Revista Científica Multidisciplinaria
https://revistasfiecyt.com/index.php/kiria
La reparación integral a las víctimas de adolescentes infractores
Comprehensive reparation for victims of juvenile offenders
Nashely Tamara Moreno Travez
Profesora de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador.
tamaramoreno@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-4741-8240
Vanessa Estefanía Medina Medina
Profesora de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador.
vmedina6@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-4376-6850
Fecha de recepción: 14 de diciembre de 2024
Fecha de aceptación: 8 de enero de 2025
Fecha de publicación: 01 marzo de 2025
Como citar: Moreno-Travez, N. T. y Medina-Medina, V. E. (2025). La reparación integral a las víctimas de
adolescentes infractores. KIRIA: Revista Científica Multidisciplinaria. 3(5), pp. 50-61.
https://doi.org/10.53877/md6dmq93
RESUMEN
El sistema de justicia juvenil en Ecuador se centra en poder garantizar los derechos de los
adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, priorizando su rehabilitación y
reintegración social. Sin embargo, el problema radica en la falta de procedimientos claros para
la reparación integral de las víctimas de delitos cometidos por los adolescentes infractores lo
que genera desprotección y una vulnerabilidad para las mismas. El objetivo de la
investigación es analizar las deficiencias del sistema actual y poder proponer estrategias que
permiten equilibrar los derechos de los infractores con el derecho a una reparación justa para
sus víctimas. El método utilizado se basa en un enfoque cualitativo que permite analizar las
deficiencias del sistema de justicia juvenil. Como resultados se logra identificar que la justicia
restaurativa llega a ser una herramienta clave para abordar este problema y promueve el
diálogo entre las partes afectadas para buscar reparar el daño causado. Sin embargo, su
implementación en Ecuador ha sido limitada debido a la falta de recursos y programas
específicos. En conclusión, es fundamental fortalecer el marco normativo existente e
implementar políticas públicas que logren garantizar la rehabilitación del infractor como el
apoyo integral a las víctimas solo mediante un enfoque equilibrado y justo se podría
consolidar un sistema o de justicia juvenil efectivo y equitativo en el país.
PALABRAS CLAVE: justicia juvenil, reparación integral, derechos de las víctimas,
justicia restaurativa, rehabilitación.
ABSTRACT
The juvenile justice system in Ecuador focuses on guaranteeing the rights of adolescents who
conflict with the law, prioritizing their rehabilitation and social reintegration. However, the
problem lies in the lack of clear procedures for the comprehensive reparation of victims of
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crimes committed by adolescent offenders, which generates a lack of protection and
vulnerability for them. The objective of the research is to analyze the deficiencies of the current
system and to be able to propose strategies that allow balancing the rights of offenders with
the right to fair reparation for their victims. Among these results, it is possible to identify that
restorative justice becomes a key tool to address this problem and promotes dialogue between
the affected parties to seek to repair the damage caused. However, its implementation in
Ecuador has been limited due to the lack of resources and specific programs. In conclusion, it
is essential to strengthen the existing regulatory framework and implement public policies
that manage to guarantee the rehabilitation of the offender as well as comprehensive support
for the victims. Only through a balanced and fair approach could an effective and equitable
juvenile justice system be consolidated in the country.
KEYWORDS: juvenile justice, comprehensive reparation, victims' rights, restorative
justice, rehabilitation.
INTRODUCCIÓN
El tema general de esta introducción se centra en abordar el sistema de justicia juvenil en
Ecuador, el cual ha evolucionado en un marco normativo que se encuentra diseñado para
garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, reconociéndolos, así como
sujetos de derechos. Este sistema se fundamenta en principios internacionales y nacionales
como la Convención de sobre los derechos del niño, la Constitución de la República del
Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Su enfoque principal es priorizar
la rehabilitación y la reintegración social de los adolescentes infractores y se asegura al mismo
tiempo el respeto de los Derechos humanos de las víctimas la Constitución de la República
del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establecen principios
fundamentales como la especialización de la justicia juvenil, la mínima intervención penal y
la privación de la libertad como último recurso habilitado.
El tema específico se centra en una problemática particular el cual es la falta de
procedimientos claros y afectivos para poder garantizar la reparación integral de las víctimas
de delitos cometidos por adolescentes infractores. Aunque el Código Orgánico Integral Penal
establece la obligación de poder reparar los daños causados no se especifican claramente los
mecanismos concretos para su aplicación en el contexto de adolescentes infractores lo cual
genera un desequilibrio en los derechos del infractor y los derechos de las víctimas dejando
estas últimas en una situación de vulnerabilidad y desprotección.
La importancia de este análisis radica en que, aunque se ha logrado avances
significativos en la protección y rehabilitación de los adolescentes infractores las víctimas por
lo general quedan excluidos del proceso judicial. La deficiencia del sistema afecta su
recuperación tanto emocional psicológica y material lo que genera una percepción
generalizada de injusticia a más de esto la implementación limitada o nula de enfoques como
la justicia restaurativa agrava esta situación y este enfoque busca involucrar a todas las partes
afectadas es decir víctimas infractor y comunidad en un proceso que fomente el diálogo
constructivo y aseguren la reparación justa. Sin embargo, su aplicación en Ecuador ha sido
escasa debido a las limitaciones normativas e institucionales.
Existen vacíos normativos importantes que dificultan una justicia equitativa puesto
que por un lado no hay procedimientos claros para poder ejecutar la reparación integral y por
otro faltan herramientas para fomentar la participación activa de las víctimas en los procesos
judiciales. Asimismo, a pesar del mandato constitucional que exigen los jueces especializados
en niñas y adolescencia en todos los cantones del país estas disposiciones no se cumplen
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plenamente lo que refleja un desajuste entre los objetivos del sistema y las necesidades reales
tanto de las víctimas como de los infractores. El objetivo principal es analizar estas deficiencias
normativas y proponer estrategias que permiten equilibrar los derechos de ambas partes es
aquí donde se incluye fortalecer el marco legal existente mediante reformas legislativas
específicas a partir de ello implementar políticas públicas que se encuentran orientadas a
garantizar medidas efectivas de reparación integral para las víctimas y en desarrollo de
programas estatales para ofrecer apoyo financiero y psicológico. En conclusión, adoptar un
enfoque más equilibrado entre la rehabilitación del infractor y el derecho a una reparación
justa para las víctimas es esencial para lograr un sistema de justicia juvenil más efectivo y
equitativo dentro del país con este enfoque se permite no solo cumplir un estándar
internacional en materia de justicia juvenil sino también garantizar una respuesta integral que
beneficie tanto a los adolescentes infractores como las víctimas afectadas por sus acciones.
MÉTODOS Y MATERIALES
La metodología de esta investigación se basó en un enfoque cualitativo en donde se utilizan
los métodos analíticos y sintéticos para poder abordar el problema desde una perspectiva
reflexiva y comprensiva. Este enfoque permite analizar críticamente las fuentes documentales
disponibles y poder sintetizar la información relevante para proponer soluciones del
problema identificado por ende la investigación de centro exclusivamente en la recopilación
y análisis de información secundaria obtenida de fuentes académicas normativas y
documentales lo que garantiza un marco teórico sólido.
El proceso inició con la identificación y selección de fuentes relevante como leyes,
artículos, académicos, informes y estudios previos relacionados con el sistema de justicia
juvenil en Ecuador y la reparación integral de las víctimas. Estas fuentes son analizadas
críticamente para descomponer sus elementos principales identificar patrones y establecer
relaciones entre los conceptos claves. Posteriormente se puede realizar un análisis de los
hallazgos para construir una visión integral del problema y se destaca las deficiencias
normativas e institucionales que afecta tanto a los adolescentes infractores como a las víctimas.
La metodología también incluyó un análisis comparativo de las normativas nacionales
e internacionales aplicables con el fin de identificar vacíos legales y proponer reformas que
fortalezcan el marco jurídico ecuatoriano, por ende, este análisis se complementa con la
revisión de experiencias exitosas en otros países que han implementado enfoques
restaurativos en el sistema de justicia juvenil.
Finalmente, los resultados obtenidos fueron interpretados en función del contexto
ecuatoriano y se consideran las limitaciones estructurales y sociales que dificultan la
implementación efectiva de políticas públicas orientadas a garantizar la reparación integral.
Este enfoque permite formular recomendaciones específicas para poder equilibrar los
derechos de los infractores con los derechos de las víctimas y promover un sistema de justicia
juvenil más justo y equitativo.
RESULTADOS
Como resultados de esta investigación se analizan temas relacionados a la justicia juvenil en
Ecuador, Marco legal de la reparación integral en el sistema de justicia juvenil, Derechos y
obligaciones del infractor adolescente y de la víctima en el sistema juvenil, los desafíos en la
implementación de la reparación integral a las víctimas, los programas de rehabilitación para
adolescentes infractores y su impacto en la reparación a la víctima, las propuestas para
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garantizar la reparación integral en el sistema de justicia juvenil, cada tema con su análisis
respectivo como se detalla a continuación:
1. Introducción al sistema de justicia juvenil en Ecuador
El sistema de justicia juvenil en Ecuador se ha ido desarrollando en un contexto normativo en
donde se busca garantizar los derechos de los adolescentes que se encuentran en conflicto con
la ley, reconociendo su condición de sujetos de derecho. En este sentido este enfoque se
fundamenta en principios internacionales como aquellos que se encuentran establecidos en la
convención sobre los derechos del niño y se reflejan dentro de la Constitución de la República
del Ecuador (CRE) a más del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA). En este
sentido la legislación ecuatoriana especialmente tras la adopción de la Constitución de la
República de Ecuador en 2008, ha buscado crear un marco legal que priorice la rehabilitación
y la reintegración social de los adolescentes infractores y a su vez asegurar el respeto de los
derechos humanos de las víctimas.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 175 sobre administración
de justicia especializada, establece que los adolescentes deben ser juzgados por operadores de
justicia especializados lo cual garantiza un tratamiento adecuado y diferenciado. Ese principio
es fundamental para evitar la estigmatización y promover una reintegración social de manera
efectiva. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla esta visión al establecer que la
justicia juvenil debe orientarse hacia la educación, la rehabilitación integra al infractor,
priorizando medidas no privativas de libertad (Dúran Ponce, 2013).
Sin embargo, a pesar de estos avances el sistema enfrenta series dificultades en cuanto
a la implementación de las políticas para asegurar reparación integral de las víctimas y uno
de estos problemas radica en el desequilibrio entre los derechos del infractor y los derechos
de las víctimas. Aunque el artículo 11 del COIP establece la obligación de reparar el daño
causado no se especifica claramente el procedimiento que se debe llevar a cabo para la
reparación en el contexto juvenil. “Esta falta de claridad lleva a una desprotección total de las
víctimas en donde no existe una compensación adecuada generando una vulnerabilidad”
(Cevallos et al., 2024. p. 5). Las víctimas suelen enfrentarse a un proceso judicial en donde no
se les otorga el apoyo necesario para superar el impacto emocional y psicológico del delito.
La falta de mecanismos claros para garantizar la reparación integral se convierte en
uno de los principales desafíos del sistema, dado que, muchas familias de adolescentes
infractores son provenientes del contexto socioeconómico desfavorable, lo que significa que,
aunque se impongan reparaciones económicas, muchas veces no son cumplidas debido a la
falta de recursos. Esta situación genera una sensación de injusticia entre las víctimas y dificulta
la posibilidad de una verdadera rehabilitación del infractor (Suárez et al., 2024). Por ende, el
cumplimiento de la reparación es un componente importante del proceso restaurativo por lo
que su ausencia puede generar una percepción negativa en el sistema judicial.
La justicia restaurativa ha sido considerada como una de las alternativas dentro del
sistema penal juvenil, en donde se busca involucrar a todas las partes involucradas tanto a la
víctima, el infractor y la comunidad en la resolución del conflicto generada por el delito. La
justicia restaurativa tiene como objetivo reparar el daño que se ha causado a las víctimas y a
su vez fomentar un diálogo constructivo entre ellas y los infractores sin embargo su
implementación en el Ecuador sea considerado limitado o incluso nulas (Ortega et al., 2024).
Las herramientas para fomentar la participación activa de las víctimas y asegurar su
compensación justa son consideradas escasas o incluso nulas y esto ha llevado a una
percepción generalizada de frustración e injusticias entre quienes han sufrido delitos.
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2006) estipula que “la justicia
restaurativa tiene como enfoque buscar reparar el daño causado por un delito mediante la
participación tanto de la persona infractora como de la víctima”. Por ende, no solo se busca
sancionar al infractor sino también proporcionar un espacio para que las víctimas expresen
sus necesidades y sus preocupaciones. Situación que en el Ecuador no se visualiza dado que
carece de una regulación clara sobre cómo implementar esta justicia de manera efectiva dentro
del sistema penal juvenil.
2. Marco legal de la reparación integral en el sistema de justicia juvenil
La reparación integral es un principio fundamental en el marco legal ecuatoriano sobre todo
en el contexto de la justicia juvenil. Este concepto busca restablecer todos los derechos de las
víctimas de delitos cometidos por adolescentes asegurando que puedan recibir una
compensación adecuada por los daños sufridos. La CRE establece un sólido fundamento para
la protección de los derechos de la víctima mencionando en el artículo 78 que las víctimas de
infracciones penales gozan de protección especial y deben adoptarse mecanismos para su
reparación integral en donde se incluyen con sentimientos verbales de hecho restitución
indemnización rehabilitación no repeticiones y satisfacción del derecho violado además de
establecerse un sistema de protección y asistencia a víctimas testigos y participantes
procesales.
Así mismo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
establece en el artículo 18 que en caso de vulneración de derechos se debe ordenar la
reparación integral por el daño material e inmaterial, lo cual implica que las víctimas tienen
derecho a recibir una compensación adecuada que los restituya a su situación anterior a la
violación de sus derechos, asegurando así que, las víctimas gocen y disfruten de sus derechos
de la manera más adecuada posible.
El COIP refuerza este enfoque al establecer en el artículo 77 que "la reparación integral
radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al
estado anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la víctima". Mencionando que las
medidas de reparación deben ser proporcionales al daño causado por lo que deben
contemplar tanto aspectos materiales como inmateriales por ende la reparación integral
incluye diversas modalidades que buscan establecer las necesidades específicas de las
víctimas en donde se puede incluir claramente indemnizaciones por daños, rehabilitación
restitución del derecho y garantías de no repetición.
A pesar de contar con un marco normativo, implementar efectivamente la reparación
integral en el sistema de justicia juvenil ecuatoriana enfrenta diversos desafíos y uno de los
principales problemas se establece en el desequilibrio entre los derechos del infractor y los
derechos de la víctima. La normativa tiende a centrarse en la rehabilitación del adolescente
infractor y a menudo deja desprotegida a las víctimas, según un análisis realizado por
Cevallos et al. (2022) aunque existe un reconocimiento legal del derecho y la reparación
integral en muchos casos no se cumple efectivamente, y las víctimas suelen enfrentar un
proceso judicial por lo que no se proporciona el apoyo necesario para superar el impacto
emocional y psicológico del delito. A más de ello muchas familias de adolescentes infractores
no suelen cumplir con las reparaciones ordenadas debido a su contexto socioeconómico.
Ante esto la justicia restaurativa se presenta como una alternativa viable para poder
abordar estas diferencias. La Guía para la Aplicación del Enfoque Restaurativo en la Justicia
Juvenil, elaborada por el Consejo de la Judicatura de Ecuador se presenta como un documento
clave que proporciona herramientas prácticas a los jueces y operadores del sistema judicial
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para poder implementar un modelo de justicia que priorice y otorga responsabilidad de la
adolescente y fractura y la reparación a la víctima. Este enfoque se lo puede considerar como
fundamental en la idea de que el sistema de justicia debe ser más humano y efectivo en donde
no solo se promueva la sensación del delito sino también la restauración de las relaciones
sociales afectadas por el mismo.
Este enfoque ha demostrado ser efectivo en varios contextos debido a que se muestra
una baja tasa de reincidencia entre los adolescentes que han participado en procesos
restaurativos. Según algunos estudios recientes los modelos que incorporan justicia
restaurativa no solo benefician al infractor para proporcionar oportunidades de rehabilitación,
sino que, también ofrecen a la víctima satisfacción en el proceso judicial, por ende, las víctimas
que participan activamente en el proceso pueden expresar sus necesidades y expectativas
respecto a la reparación del daño sufrido. (Consejo de la Judicatura, 2024).
Este enfoque en Ecuador ha sido respaldado por iniciativas como el denominado
modelo piloto inaugurado en Quito en octubre del 2023 este modelo promueve la armonía
social y garantiza los derechos tanto de las víctimas como de los adolescentes infractores,
Yolanda Yupangui representante del consejo de la judicatura destacó que este enfoque brinda
a los adolescentes la oportunidad de asumir sus responsabilidad en los actos cometidos y
contribuyen directamente a la sanación de la comunidad (Consejo de la Judicatura, 2023).
Hasta el año pasado se han logrado atender más de 600 casos bajo el modelo piloto lo cual
indica la necesidad del sistema judicial para adoptar prácticas más restaurativas.
Además del Consejo de la Judicatura ha trabajado arduamente en colaborar con
organismos como Terre des Hommes para fortalecer estas prácticas en Ecuador la guía antes
mencionada enfatiza la importancia de capacitar a los operadores de justicia para poder
implementar medidas restaurativas adecuadas (Consejo de la Judicatura, 2024). Esto incluye
no solo a jueces y fiscales sino también a defensores.
3. Derechos y obligaciones del infractor adolescente y de la víctima en el sistema juvenil
El sistema de justicia juvenil en Ecuador se encuentra diseñado para abordar la delincuencia
de una manera en donde se respeten los derechos tanto de los adolescentes infractores como
de las víctimas este marco garantiza la rehabilitación y la reintegración social de los infractores
y al mismo tiempo asegura la protección y reparación de las víctimas. Los adolescentes
infractores en Ecuador tienen derechos fundamentales que están consagrados en la CRE y en
diversas leyes. Según el artículo 175 de la CRE “los adolescentes tienen derechos a ser tratados
con respeto igualdad, dignidad y recibir un debido proceso judicial”, lo que implica que deben
ser juzgados por operadores de justicia especializados en donde se garantice un tratamiento
diferenciado reconociendo su condición de menores de edad.
Por su parte el CONNA, prioriza alternativas a la privación de libertad lo que significa
claramente que los adolescentes tienen derecho a la aplicación de medidas socioeducativas
que fomentan su desarrollo personal y social. Además de ello tienen derecho a ser informado
sobre las acusaciones en su contra, a presentar pruebas y a contar con una defensa adecuada.
Es importante destacar que el enfoque restaurativo también se aplica directamente a los
adolescentes infractores con el fin de involucrarlos en procesos de reflexión sobre sus acciones
y sus consecuencias, promoviendo así su responsabilidad social y personal, Buestán (2024)
establece que la justicia restaurativa puede ofrecer alternativas viables al juzgamiento penal y
se alinea con el principio de mínima intervención.
A pesar de sus derechos los adolescentes considerados infractores también tienen
obligaciones que deben ser cumplidas durante el proceso judicial, aquí se incluyen las
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obligaciones de respetar las normas establecidas por el sistema de justicia y participar
activamente en las medidas socioeducativas impuestas. El no cumplir con estas obligaciones
recae en sesiones adicionales y un endurecimiento en las medidas impuestas. El COIP
establece que el proceso judicial tiene como fin investigar la participación del adolescente en
los hechos delictivos que se le estaba acusando y también indagar la conducta y el entorno
familiar social en el cual se desenvuelve Corte Nacional de Justicia, (2020). Por lo que, los
adolescentes deben colaborar con las autoridades judiciales durante el proceso.
En cuanto a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes infractores también
tienen derechos específicos dentro del sistema judicial puesto que la CRE reconoce el derecho
a recibir una reparación integral por los daños sufridos lo cual es incluyen compensaciones
económicas y atención psicológica, (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009). De la misma
manera el COIP refuerza este derecho al establecer que las víctimas deben ser informadas
sobre el desarrollo del proceso penal. De esta manera se puede lograr empoderar a la víctima
y garantizar que sus voces sean consideradas en una resolución de conflictos evitando una
vulneración directa de sus derechos.
Las víctimas también tienen ciertas obligaciones dentro del proceso judicial puesto que deben
colaborar con las autoridades para proporcionar información relevante sobre el delito
cometido y poder participar dentro de las audiencias según lo requerido, es importante que
se mantenga una actitud constructiva durante todo el proceso, para facilitar una resolución
justa, es muy importante mencionar que aunque se espera que las víctimas participen
activamente no deben ser responsabilizadas por los resultados del proceso ni por la conducta
directa del adolescente infractor, de esta manera la responsabilidad principal siempre recaerá
sobre el sistema judicial para garantizar una justicia equitativa y efectiva.
4. Desafíos en la implementación de la reparación integral a las víctimas
La implementación de la reparación integral a las víctimas de delitos cometidos por
adolescentes infractores en Ecuador se enfrenta a una serie de desafíos que afectan a las
víctimas y el sistema judicial. A pesar de contar con un marco normativo que reconoce el
derecho de reparación integral en la realidad las víctimas suelen quedar desprotegidas y sin
apoyo necesario para su recuperación. En este sentido es necesario analizar los principales
obstáculos que limitan la efectividad de la reparación integral, así como sus posibles
soluciones para mejorar esta situación.
Uno de los principales desafíos es el incumplimiento de las obligaciones a favor de la
reparación integral de la víctima, la normativa ecuatoriana por medio de la Constitución de
la República del Ecuador en su artículo 78 y el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal
establece claramente que las víctimas tienen derecho a poder recibir una compensación por
todos los daños sufridos, sin embargo, en la práctica este derecho no siempre se cumple.
Muchas veces los adolescentes infractores poseen un entorno socioeconómico vulnerable lo
cual limita directamente su capacidad para cumplir con las reparaciones ordenadas por el
sistema judicial (Bolaños Enriquez & Quintero, 2022). Esta situación genera un ciclo vicioso
en el que las víctimas quedan sin la compensación para poder obtener su recuperación
perpetuando una vulnerabilidad y llegando a situaciones de mayor riesgo.
El desequilibrio entre los derechos del infractor y de la víctima es otro de los puntos
críticos que generan esa problemática. Por lo general la legislación ecuatoriana tiende a
priorizar la rehabilitación y la reintegración social enfocada en el adolescente infractor lo cual
es fundamental para el desarrollo y su reinserción en la sociedad, sin embargo, esta
priorización puede llevar a una desprotección a las víctimas puesto que no siempre reciben
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una compensación que se encuentra adecuada para sus daños sufridos (Aguayo Sarco, 2022).
Este enfoque centrado en el adolescente infractor puede resultar en decisiones judiciales que
ignoran o minimizan todas aquellas necesidades y derechos de la víctima generando un
sentimiento de injusticia y frustración.
La falta de una política pública integral para abordar todas aquellas necesidades específicas
de las víctimas crea un entorno donde muchas personas no reciben el apoyo que necesitan
para su recuperación.
Además, existe una falta de sensibilización y capacitación en cuanto a los derechos de
las víctimas en cuanto a los operadores de justicia dado que muchos jueces y funcionarios que
se encuentran encargados de aplicar la ley carecen del conocimiento necesario sobre cómo
abordar los casos en donde se involucran adolescentes infractores y a sus víctimas (Cardoso,
2023). Esta falta de formación resulta en decisiones judiciales que no consideran plenamente
el impacto psicológico, psiquiátrico o emocional que el delito ha dejado en las víctimas. La
minimización del sufrimiento de las víctimas lleva a una subvaloración del derecho a una
reparación efectiva y justa.
Las consecuencias del incumplimiento en la reparación integral son profundas y
algunas llegan a ser duraderas las víctimas pueden experimentar revictimización pérdida de
confianza en el sistema judicial e incluso dificultades para poder acceder a servicios de apoyo
y rehabilitación (Bolaños Enriquez & Quintero, 2022). Estas experiencias pueden perpetuar el
trauma y el sufrimiento emocional y afecta gravemente al bienestar psicológico y social la falta
de atención adecuada a sus necesidades lleva a desarrollar problemas psicológicos muy
graves como ansiedad depresión y esto complica su proceso de reintegración social.
La promoción de un enfoque restaurativo también podría ser beneficiosa dado que
está enfoque involucra activamente a las víctimas en un proceso judicial y garantiza que
reciban una reparación justa (Henry, 2024). Sin embargo, para que este enfoque sea efectivo
se necesita capacitar adecuadamente a los operadores del sistema de justicia sobre temas de
aplicación de principios restaurativos en casos juveniles y esto fomentaría un ambiente donde
las voces de las víctimas son escuchadas y valoradas durante todo el proceso judicial.
5. Programas de rehabilitación para adolescentes infractores y su impacto en la reparación
a la víctima
La ineficiencia de los programas estatales destinados a apoyar a las víctimas es otro factor que
se involucra en el incumplimiento de las medidas de reparación (Lex, 2023). Puesto que a
pesar de que la justicia restaurativa representa un avance significativo dentro del ámbito de
justicia adolescente su aplicación efectiva procura ser limitada y no siempre se garantiza que
las víctimas reciban una reparación justa de esta manera la justicia restaurativa lo que busca
es involucrar a todas las partes afectadas en el proceso penal y promueve un diálogo para
permitir entender el impacto del delito y buscar aquellas soluciones que se consideran
adecuadas, sin embargo muchas veces este enfoque puede verse obstruido por la falta de
recursos e incluso una mala o escasa capacitación hacia los operadores de justicia.
Los programas destinados a la rehabilitación del adolescente infractor tienden a tener un
efecto directo en la percepción y efectividad de la reparación a la víctima. Si bien el enfoque
de la rehabilitación es crucial para reducir la reincidencia este enfoque puede desatender el
bienestar y la compensación de las víctimas puesto que existen resultados mixtos, aunque
algunos estudios sugieren que los enfoques restaurativos pueden resultar en tasas más bajas
de reincidencia y mayor satisfacción comunitaria esto no siempre se traduce en un beneficio
tangible para todas aquellas víctimas (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). De esta
manera se determina que si se implementan adecuadamente programas restaurativos tanto
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los infractores como las víctimas pueden experimentar un proceso sanador y esto depende de
en gran medida del contexto social y económico en el cual se está desarrollando esta
reparación.
El artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal establece medidas específicas de
protección para las víctimas en donde se incluye la prohibición al agresor sobre el
acercamiento o intimidaciones (Corte Nacional de Justicia, 2020). Estas medidas son esenciales
para poder garantizar la seguridad física y emocional de las víctimas durante el proceso
judicial pero su implementación efectiva requiere una coordinación adecuada por parte de
diferentes entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
Para abordar estas deficiencias y promover un equilibrio entre los derechos del
infractor y los derechos de la víctima es necesario desarrollar un marco normativo que
establezca directrices sobre cómo debe ser ejecutada la reparación integral esto incluye definir
los criterios específicos para poder calcular los daños y tipos de reparaciones que deben ser
apropiadas y aplicadas según el caso que se maneja además se deben implementar programas
estatales efectivos en donde se ofrezca un apoyo financiero psicológico de la víctima para así
asegurar una compensación adecuada. La creación de fondos estatales destinados a ayudar a
las víctimas sería una solución viable que garantice el apoyo sin depender únicamente del
cumplimiento por parte del infractor sobre todo en aquellos casos en donde el infractor
proviene de hogares socioeconómicamente bajos.
También es necesario fortalecer un enfoque restaurativo promoviendo su aplicación
efectiva e incluyendo mecanismos claros para poder garantizar que la víctima reciba una
reparación adecuada esto incluye capacitaciones específicas para los jueces, fiscales sobre todo
en materia de manejo de casos con enfoque restaurativo así como talleres para sensibilizar a
los adolescentes infractores sobre el impacto de sus acciones y una causa y efecto en sus
víctimas así mismo se debe fomentar campañas educativas sobre los derechos de las víctimas
y el proceso judicial para empoderarlas y facilitar su acceso a recursos. La educación es clave
para garantizar que las víctimas conozcan sus derechos y puedan exigirlos ante autoridades
competentes.
6. Propuestas para garantizar la reparación integral en el sistema de justicia juvenil
La reparación integral a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes infractores es uno
de los aspectos fundamentales en el sistema de justicia juvenil (Consejo de la Judicatura, 2020).
La guía para la aplicación del enfoque restaurativo en la justicia juvenil destaca que el objetivo
principal es promover un cambio de paradigma en el tratamiento de los adolescentes
infractores en donde se pasa de una visión punitiva a un enfoque que priorice la reparación y
la reinserción a más de la responsabilidad. Este enfoque no solo busca restaurar el daño
causado sino también establece las relaciones sociales afectadas por el delito para poder
restablecerles y para lograr esto es fundamental implementar medidas socioeducativas que
prioricen la educación sobre la represión y favorezcan un diálogo constructivo entre las partes
involucradas.
Una propuesta clave se enfoca en fortalecer la capacitación de los operadores de
justicia en donde se incluyen jueces y fiscales y defensores públicos esto implica proporcionar
formación específica sobre los principios de justicia restaurativa en adolescentes, cómo
facilitar el diálogo entre las partes involucradas (Henry, 2021). La capacitación debe abarcar
no solo aspectos legales sino también habilidades interpersonales y mediación permitiendo
que los operadores comprendan todas las necesidades de las víctimas y de los adolescentes
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infractores por ende la formación debe incluir estudios de casos y simulaciones que permitan
a los operadores practicar sus habilidades en entornos controlados.
Además, se propone establecer programas específicos de reparación integral que se
acoplen con la realidad biopsicosocial del adolescente infractor y las necesidades de la víctima.
El artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal establece que las reparaciones deben ser
proporcionales al daño causado y se deben adaptar de manera individual a las circunstancias
de los hechos (Código Orgánico Integral Penal, 2014). Esto implica desarrollar un marco
normativo que define claramente que constituye una reparación integral efectiva y cómo se
debe implementar por lo que se deberían establecer pautas para poder calcular daños
emocionales psicológicos o psiquiátricos que sufren las víctimas, así como para poder
determinar formas adecuadas de compensación.
La justicia restaurativa se centra en la reparación del daño causado a las víctimas y a
la comunidad como tal en lugar de centrarse únicamente en castigar al infractor se busca que
este asuma su responsabilidad por sus acciones y participe activamente en procesos que lleve
a su compensación adecuada para favorecer o restituir los derechos vulnerados (Corte
Constitucional del Ecuador, 2019). La implementación de círculos restaurativos donde la
víctima infractor y miembros de la comunidad puedan dialogar sobre el impacto del delito y
acordar formas de reparación podría ser una herramienta efectiva y estos círculos no solo
facilitarían el diálogo, sino que también promueve un sentido de comunidad y de
responsabilidad compartida.
Otra propuesta es fomentar alianzas entre instituciones gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales para poder generar redes de apoyo que faciliten tanto la
rehabilitación del infractor como el acompañamiento a las víctimas estas redes pueden ofrecer
recursos psicológicos y financieros con el fin de ayudar a la víctima a recuperarse del impacto
emocional y material del delito (Yépez, 2021). Por ende, la colaboración interinstitucional es
la clave para poder garantizar que se aborden todas las dimensiones del daño causado y así
establecer convenios con universidades para ofrecer servicios psicológicos gratuitos o a bajo
costo para las víctimas.
Así mismo se debe considerar la creación de fondos estatales destinados a reparar a
las víctimas independientemente del cumplimiento por parte del infractor esto asegura que
las víctimas reciban una compensación adecuada sin tener que depender de la capacidad
económica del adolescente infractor o de su familia (Dura, 2023). Así este mecanismo podría
ser financiado mediante impuestos o contribuciones específicas destinadas a programas de
justicia juvenil y los fondos serán administrados por entidades independientes para
garantizar su transparencia en su uso.
Por último, es necesario promover campañas educativas sobre los derechos de las
víctimas y el acceso a procesos judiciales dentro de estas campañas se debe dirigir a grupos
de comunidades, así como a los adolescentes que posiblemente puede estar en conflictos con
la ley con el objetivo de sociabilizar sobre el impacto del delito y fomentar una cultura de
respeto hacia los derechos humanos y de paz (Corte Nacional de Justicia, 2020). La educación
puede desempeñar un papel fundamental para prevenir futuros delitos dado que se aborda
todas esas causas subyacentes del comportamiento delictivo las campañas podrían incluir
talleres en escuelas sobre resolución pacífica de conflictos y empatía hacia los demás.
DISCUSIÓN
El sistema de justicia juvenil en Ecuador presenta múltiples retos estructurales en relación con
la garantía de una reparación integral efectiva a las víctimas de delitos cometidos por
La reparación integral a las víctimas de adolescentes infractores
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adolescentes infractores. Como lo señalan Cevallos Ortega et al. (2024), a pesar de que la
Constitución de la República del Ecuador en su artículo 78 establece la obligación estatal de
garantizar la reparación integral, incluyendo medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación y garantías de no repetición, este mandato carece de mecanismos operativos
claros cuando el infractor es menor de edad. Esta deficiencia normativa coloca a las víctimas
en una situación de desprotección jurídica y emocional, y evidencia una falla estructural del
sistema en el principio de equidad.
En la misma línea, Larrea (2022) sostiene que el sistema de justicia juvenil ecuatoriano prioriza
casi exclusivamente la rehabilitación del adolescente infractor, relegando a un segundo plano
los derechos de las víctimas. Este enfoque, aunque en consonancia con los estándares de
derechos del niño, genera un evidente desequilibrio entre el interés superior del menor y el
derecho de la víctima a obtener justicia. Según el autor, este desbalance no solo impide la
reparación efectiva, sino que perpetúa una cultura de impunidad en la cual las víctimas
carecen de herramientas concretas para exigir el cumplimiento de sus derechos.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura (2023) ha reconocido la necesidad de
incorporar modelos de justicia restaurativa como una vía alternativa para promover el
equilibrio entre la rehabilitación del adolescente y la reparación del daño a la víctima. En este
enfoque, se busca fomentar el diálogo entre las partes, facilitar acuerdos consensuados y
promover un sentido de responsabilidad en el infractor. No obstante, Cevallos Ortega et al.
(2024) advierten que, aunque existen experiencias piloto en ciudades como Quito, la justicia
restaurativa aún no ha sido institucionalizada, principalmente por la falta de recursos,
programas estructurados y capacitación especializada de operadores judiciales.
Otro punto crítico abordado por estos autores es la ausencia de un fondo estatal de
reparación, lo que condiciona el cumplimiento de la reparación integral a las capacidades
económicas del adolescente infractor o su familia. Larrea (2022) propone la creación de un
sistema solidario en el cual el Estado, junto con los representantes legales del infractor, asuma
la corresponsabilidad en los casos donde las víctimas no puedan ser indemnizadas por vías
ordinarias. Esta propuesta permitiría garantizar una reparación efectiva sin vulnerar el
principio de justicia ni afectar desproporcionadamente a las familias con bajos recursos.
En consecuencia, tanto Cevallos Ortega et al. (2024) como Larrea (2022) coinciden en
que la actual normativa especialmente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) debe ser
reformada para incluir procedimientos claros y aplicables en casos de adolescentes
infractores. Además, recomiendan una formación más profunda para jueces, fiscales y
defensores en justicia restaurativa, con el fin de asegurar que este enfoque no solo se limite a
la rehabilitación del menor, sino que también contemple la necesidad de una reparación
integral real y efectiva para las víctimas.
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