
María Reyes / Yessika Cepeda / Itzel Sánchez
RICEd: Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Vol. 4, No 7, enero - junio 2026, 42-57. 44
enfocadas a la atención de carencias sociales, principalmente la pobreza y la desigualdad.
Harold Lasswell fue pionero en racionalizar la toma de decisiones para las soluciones de
problemas sociales mediante el diseño de políticas públicas.
Desde entonces, la disciplina (políticas públicas) se ha ido reconfigurando a partir de
dos grandes corrientes el Racionalismo y el Incrementalismo. En el marco de estos enfoques
surgieron diversos debates que ponían en cuestión los métodos y técnicas en el ciclo de las
políticas públicas. Entendiendo al ciclo como las fases en las que se desarrollan las políticas
públicas: agenda, diseño, implementación y evaluación.
Esta última etapa del ciclo juega un rol importante en la administración pública. Con
las diversas crisis económicas, la distribución eficiente de los recursos se volcó prioridad para
el Estado. En ese sentido, la evaluación permite conocer de manera sistemática la eficiencia y
eficacia de los actores, las instituciones y los efectos la intervención pública en la problemática
que se pretende atender, su ejercicio es un aliado de las fases de diseño e implementación.
Autores como (Salcedo, 2011), definen como necesaria la fase de evaluación, ya que,
para lograr resultados óptimos, las políticas y los programas deberán ser planeados; con
objetivos y metas precisos y con las acciones necesarias para lograrlos, además de contar con
parámetros de calidad e indicadores de desempeño explícitos y medibles.
Arellano (2014), menciona que la evaluación ofrece aprendizajes y retroalimentación,
que permiten una apreciación iterativa, y ajustar la vigencia y pertinencia de las acciones
gubernamentales a las cambiantes necesidades de la sociedad. Por ende, resulta apremiante
ajustar las métricas en la evaluación, dado que las problemáticas se van transformando a la
par de las evoluciones contextuales.
La evaluación surgió como respuesta a la demanda de transparencia y rendición de
cuentas por parte de la sociedad (Neirotti et al, 2015). Siguiendo a Neirotti et al (2015), la
evaluación tuvo tres fases, la primera en un marco de planificación normativa en el Estado de
bienestar, que permaneció hasta la década de 1970, la segunda se enmarcó en el desarrollo de
políticas neoliberales en las décadas de 1980 y 1990, poniendo como objetivo la eficiencia y
eficacia en la gestión de recursos. Finalmente, la etapa tres donde los autores retoman el
nombre que le dio Vilas, “retorno del Estado” entendiendo a las políticas como mecanismo
para fortalecer las democracias.
En la primera fase, no se asociaron los resultados con la definición de líneas de acción,
en la segunda etapa, se reconfiguró el papel del Estado dejando un estado mínimo valorando
acciones enfocadas a educación, salud y pobreza y la fase tres, es el momento actual que perfila
a la planeación y a la evaluación en un marco democrático.
Bajo un contexto de reconstrucción social en un sistema democrático, la evaluación es
una herramienta que agrega valor al quehacer gubernamental por cinco razones:
1) Incentiva la participación ciudadana,
2) Origina la transparencia y perfeccionamiento en la rendición de cuentas
3) Emite recomendaciones de mejora,
4) Mejora los procesos y
5) Coloca líneas base para acciones futuras.
El proceso de evaluación engloba no sólo el ámbito analítico-científico, sino que, trasciende a
los ámbitos de lo político-administrativo. La participación de diversos actores es necesaria
para consolidar teórica, normativa y empíricamente el ejercicio de evaluación. Es importante
acotar, que en ocasiones se suele confundir la evaluación con otros procesos como la auditoria
y la investigación; la evaluación se diferencia de estas dos, por emitir hallazgos y
recomendaciones. Es decir, no se queda en un nivel de análisis, verificación y comprobación
que arroja la investigación, ni es un ejercicio de comprobación de ejercicios fiscales ni de
responsabilidad sancionatoria.